A raíz de las denuncias efectuadas por la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley Nº 26920, que señalan que el Decreto Supremo 015-2007 -que exonera de la obligación del desguace a las embarcaciones industriales que han sido materia de sustitución- no tiene sustento constitucional, tal como lo afirmó el Ministro de la Producción, Rafael Rey; la congresista Fabiola Morales Castillo, pidió al ministro demuestre el sustento constitucional y envié la respectiva sentencia del Tribunal Constitucional.
En la sesión de la Comisión de Producción del Congreso de la República, de fecha 11 de marzo del presente año, a la que fue invitado para explicar las implicancias del D.S N° 015-2007, Rey Rey explicó que el artículo 3 del mencionado decreto supremo se sustentó en el derecho de propiedad y que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el particular en una acción de inconstitucionalidad que habría planteado un armador pesquero contra lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento de la Ley General de Pesca, que les obligaba en un plazo calendario de 45 días, a desguazar sus embarcaciones. Fue por ese motivo, según el ministro, que se vieron obligados a dictar dicha norma.
No obstante, para la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley Nº 26920, dicha sentencia no existiría. Por lo cual, la parlamentaria Morales Castillo, solicitó al ministro, que en el plazo establecido en la ley, le envié el número de sentencia del Tribunal Constitucional, así como una copia de la mencionada sentencia.
Morales Castillo, quien preside el Grupo de Trabajo de Pesca de la Comisión de Producción del Congreso de la República- cursó el pedido 0221-2007-2008/FMC/DSP y advirtió que cuando Rey se presentó a la Comisión de Producción -a pedido suyo- para explicar el sustento del mencionado decreto supremo y ella le solicitó el número y la sentencia respectiva, ésta no le fue alcanzada ni tampoco se le proporcionó el número de la misma.
