Fabiola Morales pide revisión de norma referida a la adquisición de tierras

Se trata del Decreto Legislativo N° 1015

Tras conocer a detalle el contenido del Decreto Legislativo N° 1015 que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria, la Legisladora Fabiola Morales, integrante de la Comisión Agraria del Congreso de la República, pidió reconsiderar dicha norma.

El punto en discusión es el apartado referido a que de ahora en adelante sólo se necesitará el 50% de votos de una asamblea general, tanto para la adquisición en propiedad por parte de comuneros sobre la tierra que poseen por más de un año, como para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros; así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre las tierras comunales.

“Antes, en la Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (Ley Nº 26505) se exigía, para las Comunidades de la Sierra y Selva, el voto favorable de los 2/3 para los actos de disposición que el Decreto Legislativo señala, mientras que para el caso de las Comunidades de la Costa, sí se exige el voto favorable de solamente el 50%. Sin embargo, creemos que la modalidad de 2/3 tiene sus ventajas dado que la asamblea tendría un mayor protagonismo y los resultados de la votación serían mucho más claros, sin riesgos de ser manipulados”, explicó Morales Castillo.

Además, explicó que con este nuevo decreto, podría pensarse que en su momento algunas empresas privadas pueden convocar a sus partidarios a una asamblea y obtener así la propiedad de las tierras pertenecientes a alguna comunidad.

De otro lado, la Congresista informó que en la Comisión Agraria del Congreso de la República hay un proyecto de ley (N° 1992)que regula el Régimen Especial del Productor Agrario, el cual busca atacar uno de los principales problemas de la agricultura nacional, que es la presencia de las pequeñas unidades productivas. Su sola presencia origina dificultades de acceso al mercado, economías no competitivas, poco poder de negociación y por supuesto, la dificultad de acceder a la información por parte de sus propietarios.

“Por eso estamos estudiando la posibilidad de impulsar la asociatividad de los pequeños productores mediante el otorgamiento de beneficios legales, para lo cual estamos solicitando la opinión de las entidades especializadas en la materia. Esperamos que este proyecto de ley tenga buen término, para beneficio de los agricultores y del país”, puntualizó.

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