Congresista Fabiola Morales afirma que la salud y la información no tienen precio

Frente a las afirmaciones que señalan que el etiquetado de transgénicos elevaría el costo de los alimentos, la congresista Fabiola Morales Castillo (SN) -autora del proyecto de ley Nº 2601 que propone etiquetar los alimentos transgénicos- señaló que la salud y la información son derechos fundamentales de los ciudadanos y no tienen precio.

Este proyecto de ley se debate en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República. En la primera mesa de debate se señaló que el etiquetado elevaría el costo de los alimentos, según estudios hechos en Australia y Sudáfrica. Ante esta postura, Morales Castillo expresó que el proyecto tiene por finalidad que los peruanos puedan saber si los alimentos que consumen, sean importados o producidos en nuestro país, provienen o contienen algún organismo genéticamente modificado (transgénico). Afirmó que “la salud y la información de los ciudadanos no tienen precio. Es importante garantizar el derecho a la información y el derecho a la salud de los peruanos, tal como está establecido en nuestra constitución”.

Explicó que su propuesta legislativa tiene como objeto garantizar el derecho a la información de los ciudadanos en relación a los alimentos destinados al consumo humano, en cuya elaboración y/o producción se hayan empleado ingredientes o aditivos de organismos genéticamente modificados. Así “los alimentos transgénicos deberán indicar de manera visible y accesible si contienen algún ingrediente o materia prima de origen genéticamente modificado (transgénicos)”, manifestó.

Señaló que el proyecto contempla que si el alimento es elaborado en el país, la responsabilidad de cumplir con el etiquetado es del fabricante. En caso que el producto o su materia prima sea importada, la responsabilidad será del importador, que deberá identificarlo claramente en el envase del producto, manifestó la parlamentaria, quien para presentar la iniciativa legislativa se reunió, en audiencias públicas descentralizadas, con organismos del sector agrícola, asociaciones de consumidores, y organizaciones de la sociedad civil de diferentes departamentos del país.

La propuesta legislativa propone como órgano competente para conocer y resolver las infracciones, que impliquen una violación de los derechos del consumidor, a la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual – INDECOPI. También, señala que el Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, SUNAT, INRENA, entre otras autoridades son las entidades encargadas de realizar la vigilancia de los productos derivados de organismos genéticamente modificados (OGM).

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