Fabiola Morales: “Depuración de leyes obsoletas debe ser un trabajo continuo y periódico”

Garantía de seguridad jurídica.

En su calidad de titular de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo, la Parlamentaria Dra. Fabiola Morales Castillo (SN), exhortó al Congreso a asumir como necesaria y parte importante de la reforma del Estado la depuración periódica de aquellas leyes que han sido suprimidas o derogadas y actualmente se encuentran caducas, o han sido dejadas sin efecto tácitamente por otras más recientes. 

“Esta purga debe realizarse anualmente, pues no es posible que existan en nuestro sistema legal más de 21 mil leyes en condición de derogadas o cuyos efectos ya se cumplieron, lo que finalmente lleva a confusión y a un desorden con el que debemos terminar, en virtud de acabar con arbitrariedades y de lograr una verdad reforma, no sólo en el Congreso, sino en todas las instituciones del Estado”, indicó la Congresista.

Morales Castillo precisó que esta semana se el Pleno del Congreso aprobó dar de baja a 2 mil 809 leyes obsoletas, evidenciado para todos los operadores jurídicos, que no pertenecen a la legislación vigente, un total de 2,809 normas con rango de ley, que progresivamente han venido siendo derogadas, declaradas nulas o inconstitucionales, o insubsistentes, entre otras formas en que vinieron siendo excluidas.

Cabe destacar que la citada Comisión tiene previsto presentar dos grupos más de leyes. “Uno de 4 mil 017 y otro de 5 mil en esta primera parte de la legislatura 2009-2010, y el resto en los próximos meses. Tenemos que concluir con el ordenamiento legal que se nos ha encomendado”, sostuvo.

Para el proceso y logro de sus objetivos, la Comisión viene efectuando mesas redondas, conferencias con estudiantes y profesores de Derecho, reuniones con asesores legales e invita a expertos en el tema, entre otras actividades.

“Este ordenamiento beneficiará principalmente a la administración de justicia, pues ya no quedará duda de si una norma está vigente o no y, en segundo lugar, a la inversión privada, nacional y extranjera, al ir despejando el panorama legal en beneficio de los ciudadanos, los grupos de ciudadanos, como empresas, asociaciones, sindicatos, clubes organismos, etc.”, enfatizó.

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1 comentario

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Una respuesta a “Fabiola Morales: “Depuración de leyes obsoletas debe ser un trabajo continuo y periódico”

  1. Javier Prado Blas

    Leyes que frenan el avance del cumplimiento de metas en saneamiento

    Por: Dr. Javier Prado Blas
    El Congreso Peruano esta avocado a la sistematización de 21 mil leyes identificadas de la legislación peruana con la finalidad de declararlas no vigentes puesto que además de haber perdido su eficacia, se contraponen probadamente con el desarrollo armónico del país, nosotros creemos muy necesario que adicionalmente al primer paquete de 2,809 normas obsoletas con rango de ley que acaba de ser aprobado por el Pleno a inicios del presente mes, se revise de forma urgente las leyes que se refieren al uso de aguas subterráneas.

    La Ley N° 29338 derogó la Ley General de Aguas – Decreto Ley N° 17752 que resultó el génesis del tributo que grava el uso de aguas subterráneas en aplicación de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 148, su reglamento el Decreto Supremo N° 008-82-VI y la aclaración de dicho reglamento el Decreto Supremo N° 060-83-VI.

    EL ADMINISTRADOR DE LAS CONTRIBUCIONES A MODO DE TRIBUTO

    A partir de 1982, se le reservó en exclusividad las aguas subterráneas a SEDAPAL S.A. quien asumió la responsabilidad de administrar el tributo por uso de aguas subterráneas, los cuales le generan recursos propios como otros ingresos operativos. El regulador de los servicios de Saneamiento – SUNASS no
    tiene competencia para regular las fuentes de aguas subterráneas, siendo el tribunal Fiscal el encargado de resolver controversias generadas en el marco de la aplicación del cuestionado Decreto Legislativo N° 148, que además de constituirse en prototipo de una remisión normativa en blanco de la reserva de Ley en materia tributaria, otorga en el ámbito administrativo hasta 30 meses de plazo dentro del proceso para solucionar opiniones contrapuestas con el usuario, esto sin contar el tiempo que demanda un proceso contencioso-administrativo en el ámbito judicial. En la praxis, se determinó que sea SEDAPAL S.A. el que finalmente regule ad infinitum la materia originalmente reservada a la Ley, vulnerando con ello el principio de jerarquía normativa y la propia Constitución Política de la República (Sentencias del Tribunal Constitucional, Exp. 5149-05 / Nov. del 2006 y Exp. 1837-2009-PA/TC / Junio del 2009).

    ESTRUCTURAS TARIFARIAS SIN SUSTENTO TECNICO

    El Decreto Supremo Nº 008-82-VI – reglamento de la norma en conflicto, indicaba la necesidad de aprobar, como tarifa inicial, el porcentaje mínimo propuesto por SEDAPAL, en tanto esta empresa realice las evaluaciones que permita adoptar una estructura tarifaria definitiva con los mecanismos de reajustes necesarios. Pasados 27 años, se sigue sin contar con los estudios técnicos que sustenten la estructura tarifaria para actualizar la tarifa, sin embargo, la actualización lo realiza el propio administrador de las contribuciones asumiendo las estructuras tarifarias aplicando el Reglamento de
    Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento aprobada por SUNASS.
    En suma, un Decreto Legislativo que se apoya en un Reglamento que no cuenta con sustento técnico ni atribuciones para tarificar el uso de aguas subterráneas aplicadas al tributo expresamente establecido en la jurisdicción de Lima y Callao.

    SITUACIÓN DELICADA

    Como consecuencia, el ejecutivo se encontró frente a una situación muy delicada. El Congreso normó mediante Decreto Legislativo el uso de Aguas Subterráneas como un tema tributario tomado en consideración normas referidas a la prestación de servicios de saneamiento sin la participación del organismo regulador SUNASS u otro mecanismo regulatorio. Esto, a su vez puso en riesgo las inversiones privadas en el sector saneamiento, los cuales se vieron muy limitados a finales del siglo pasado y en lo que va del presente.
    Estas normas de aguas subterráneas generan incentivos perversos que distorsionan esos otros ingresos operativos que no están sujeto a impuestos, ni a una adecuada fiscalización, más aún si se producen incrementos sustantivos que elevan su facturación anual, que eventualmente influiría en su aporte por regulación a SUNASS según lo establecido por el artículo 10 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los servicios Públicos – Ley N° 27332.
    Sin embargo, lo más grave radica en la extrema vulnerabilidad en que se colocó al sistema de abastecimiento de agua potable de la capital peruana al estar de espalda al desarrollo de las fuentes de aguas subterráneas. La carencia de estudios y soportes técnicos se soslaya con campañas de regularización de licencia de uso, manteniendo altos niveles de desorden e informalidad, que no permiten tener la menor idea del balance de aguas subterráneas, menos aún identificar los niveles reales de reserva de agua subterránea con que cuenta Lima y Callao.
    Está claro que a partir de esta inadecuada legislación que no contó con un estudio de impacto regulatorio, permita que no se tenga una planificación de cara al futuro y exista una descoordinación entre las autoridades competentes en materia del manejo de recurso hídrico. Los efectos producidos se tradujeron en priorizar el uso de aguas superficiales dejando en mano de los regímenes pluviales en las altas cumbres la garantía de la continuidad del abastecimiento de aguas y otras externalidades a las Industrias que se focalizan en Lima-callao (que son la mayoría del país) ya que la contribución de los glaciares es cada vez menor por el efecto de los cambios climáticos científicamente comprobados.
    La sobreexplotación del acuífero y la deficiencia en la recarga, ha llevado a que el nivel freático de las aguas que en el siglo pasado se encontraban a 10 m de profundidad, sobrepasen hoy en día fácilmente los 100 metros y tiendan a deprimirse mas, cosa que ya sucedió con las aguas en los acantilados de chorrillos que muchos seguramente podrán recordar con nostalgia. Lo propio sucede en otras zonas costeras donde el abatimiento de la napa freática permite la intrusión marina salinizando las aguas y produciendo los efectos colaterales ya evidentes.

    PRÓXIMOS PASOS

    Entendemos que el Congreso tendrá que revisar todas las normas colaterales antes de sacar conclusiones y tomar decisiones. Con las actuales normas legales de aguas subterráneas, muy probablemente el congreso cometió un grave error, que podría remediar antes de tener repercusiones mayores en un lapso no muy lejano. Seria recomendable que observaran con detenimiento lo que está sucediendo en la actualidad con el racionamiento de agua (por 48 horas a la semana) en la ciudad de Caracas – Venezuela, anunciada por la empresa pública Hidrocapital.

    El primer paso es pues la depuración de Leyes caducas como el Decreto Legislativo N° 148 y sus reglamentos, medida que no sólo garantizará la seguridad Jurídica a los potenciales inversionistas y reducirá los conflictos con los usuarios y no usuarios de los servicios de saneamiento, por uso de aguas subterráneas, sino que se evitará seguir perdiendo valioso tiempo en los tribunales de Justicia.
    El paso siguiente es dinamizar los niveles de inversión para diseñar, financiar, construir, operar y mantener sistemas eficientes de manejo y gestión sostenible de aguas subterráneas con aporte de las asociaciones público-privado en el marco de una Política Nacional de uso eficiente del recurso Hídrico que involucre un manejo responsable de las aguas subterráneas para de este modo poder recuperar el legado de los antiguos peruanos que nos dejaron un sistema de drenaje formidable, sistemas de canales y ecosistemas de humedales con capacidad de alimentar las aguas subterráneas, a los efectos de mantener un equilibrio armónico en lo que hoy es uno de los desiertos mas poblados del mundo y con serias deficiencias de aguas subterráneas.