Voz Para Todos

::: Por Fabiola Morales

Voz Para Todos, bajo el lema llama, opina y denuncia, es un proyecto de comunicación y ejercicio democrático de contacto con los ciudadanos, especialmente para la Región Piura, que acabamos de iniciar la semana que pasó.

La respuesta que hemos tenido es inmediata, tanto a través de la línea telefónica, como también de los comentarios escritos en nuestra web, los mismos que hemos procedido a responder y procesar, de acuerdo a su contenido, este viernes y lo haremos todos los viernes, como lo hemos ofrecido.

Las comunicaciones han procedido de hombres y mujeres que, a lo mejor, sin pruebas en la mano, y tratando de guardar su identidad, nos han manifestado todo su rechazo a lo que denominan “actos de corrupción” y abuso en los actuales programas sociales del gobierno.

Algunas denuncias se refieren al programa Juntos, en el sentido que no llega lo ofrecido a lugares como Pacaipampa y que, más bien, no son beneficiados los más pobres ni necesitados.

También han habido quejas sobre los comedores populares, especialmente, los de Bellavista (Sullana), donde supuestamente las dirigentas llevan más de 20 años coordinando los comedores populares, además éstos funcionarían en casas acomodadas y continúan en las zonas en las que ya se habría superado la pobreza, desatendiendo otros lugares verdaderamente necesitados.

Todos estos casos están en proceso de investigación, pero más nos ha llamado la atención una denuncia proveniente de un policía que reclama un dinero proveniente de un convenio que la Municipalidad de Piura habría firmado con el Ministerio de Interior para dar el servicio de sus efectivos. El dinero ya habría sido desembolsado, pero no habría llegado a quienes prestaron el servicio como se había pactado.

El general Octavio Salazar, jefe de la Policía Nacional  del Perú y el Director del Programa Juntos de Lima deben responder a estos preocupados ciudadanos, lo mismo el alcalde de Bellavista, a quienes hemos informado de estas denuncias de Voz para todos.

Asimismo, el bajo precio que pagan algunas empresas en Paita por la anchoveta, ha motivado nuestro compromiso de tener una reunión con los pescadores afectados en el local de Puerto Nuevo (Paita).

Esperamos que este nuevo contacto con los ciudadanos nos ayude, no sólo en nuestra labor legislativa, sino también representativa y de fiscalización.

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